Incentivos y Reforma del Estado

La consolidación de la democracia en México depende de que el Estado, a través de políticas públicas, sea capaz de lograr mínimos económicos, políticos y sociales de bienestar. Por tanto, es necesario que se creen los incentivos suficientes para que los políticos y la sociedad alcancen un punto de equilibrio entre los intereses personales de la clase política y el bienestar de los gobernados. Las llamadas reformas estructurales deben ser las incubadoras de tales propósitos, en especial la Reforma del Estado.

Los legítimos intereses particulares de quién tiene como oficio la política deben ser restringidos por las demandas e intereses de los individuos, es decir, las carreras políticas deben ser evaluadas, aprobadas y castigadas por los electores. Por supuesto, no usurpando el poder judicial sino que, a través del voto, se premie o sancione su comportamiento como político. Actualmente las carreras políticas dependen de los partidos políticos casi en su totalidad y el electorado sólo es consultado en un primer momento, lo que se traduce en gobernados no representados en el poder. No significa que los partidos tengan intereses opuestos a la de los individuos sino que responden a una lógica más general que no necesariamente se refleja en lo particular. Por ejemplo: los individuos de un distrito electoral difícilmente conocen cuáles son las razones por las que su diputado votó, sea a favor o en contra, sobre una iniciativa o, peor aún, no conoce cuál fue su decisión.

Es conocido por un amplio sector de la población la necesidad de las reformas estructurales pero, no lo son, los costos que implican llevarlas al cabo, los costos políticos se cobrarían de inmediato y los beneficios se pagarían a largo plazo. En el actual sistema político no hay incentivos suficientes para moverse del status quo, los partidos inmersos frecuentemente en procesos electorales no quieren hacerse cargo de los costos durante las campañas políticas y cuando son gobierno son presas de oportunistas. En este sistema de partidos la cooperación es prácticamente nula, es más fácil ser oposición y criticar todas las decisiones del gobierno que ser parte de él. La lógica es si soy oposición me opongo a toda iniciativa del gobierno que no me beneficie, aún siendo necesaria, para que sea gobierno en la próxima elección, pero los que fueron gobierno tampoco tienen incentivos de cooperar porque tienen cuentas por pagar y, además, quieren volver a ser gobierno.

Es posible resolver la paradoja de no cooperación con una reforma del Estado que defina un sistema presidencial o parlamentario que incentive la cooperación y la restricción del poder no sea, por lo menos en su totalidad, por interese político-elctoral. El incentivo es evitar el hartazgo de los electores hacia la democracia y los partidos, si no se corre el riesgo de elegir mecías que repartan prebendas y arruinen un futuro mejor. Es imprescindible que la democracia se traduzca en beneficios tangibles a corto y largo plazo para la población y no sólo sea la libertad de elegir.